Buenos Aires, 18 de septiembre de 2020. Hablar es fácil, y sobre todo, gratis. Hoy parece que todos tomaran conciencia de la enorme cantidad de CLU vencidas y es bueno que así sea. Pero cuando hubo que hacer la denuncia y advertir a la Justicia de lo que sucedería, estuvimos prácticamente solos. Nota del Director de AICACYP, Guillermo Muttoni, publicada en Revista Aire Libre 45.
“No resulta suficientemente acreditado el peligro que generaría la demora”, dijeron primera y segunda instancia de la Justicia Federal, cuando AICACYP solicitó una medida cautelar junto a dos ciudadanos, para suspender la resolución que puso en marcha el sistema monopólico de exámenes médicos.
Tres años después y con el 70% de CLU vencidas, las declaraciones del nuevo titular de ANMAC, Dr. Ramiro Urristi, dieron por tierra las conclusiones a las que había arribado la justicia y bienvenido que así sea.
En la demanda que presentamos hace más de tres años se señaló que a partir del nuevo sistema creado por la ANMAC, la expedición de Certificados de Legítimo Usuario estaba virtualmente paralizada, y el comercio o los actos en derredor de la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego, sea para caza u otros usos deportivos, por razones de seguridad o para colección y las actividades deportivas conexas, era prácticamente nula por cuanto el certificado médico sólo podía obtenerse previo pago de una onerosa tarifa a una empresa privada concesionaria del servicio, inidónea y desbordada por la situación.
En aquel momento AICACYP pasó a procesar el 10% de los trámites que realizaba antes de la resolución.
Allí estaba el peligro que los jueces no advirtieron cuando en su sentencia señalaban que “a los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar, deba agregarse la acreditación del peligro irreparable en la demora”. Tres años después el 70% de los usuarios vencidos acreditaron el peligro. El sistema imposibilitó la posibilidad de que los usuarios puedan acceder a la renovación de sus credenciales, tal como se preveía en la demanda.
En todo este período fuimos los que sostuvimos la demanda y las sucesivas apelaciones. Antes que la sentencia firme, llegaron el certificado de defunción de Dienst Consulting y la partida de nacimiento del SIAF.
Se lo habíamos planteado en una primera reunión al flamante Director y afortunadamente se hizo eco, desde la lógica misma del planteo. Escuchar hoy sus declaraciones públicas en cuanto a acercar el Organismo a la gente y facilitar los trámites a todo aquel que legalmente desee poseer un arma, son una brisa alentadora en las velas de una actividad que parecía destinada a un naufragio.
Sí, el daño ya está hecho, es cierto. Los usuarios que pagaron cifras siderales por el servicio, los que perdieron días de trabajo para realizarlo, los que acumularon “millas” para encontrar un “centro tercerizado” del prestador monopólico, los que fueron rechazados solo por cuestiones de edad o de nacionalidad, los comercios que cerraron por falta de clientes, entre otros, configuran el resultado de lo que nuestra demanda anticipaba al momento de la puesta en marcha del sistema de exámenes médicos.
No vamos a quedarnos llorando sobre la leche derramada y colaboraremos en todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar el registro de armas y usuarios legales, como siempre hemos hecho.
Podríamos pensar que sin Dienst Consulting, se acabó el problema. Error; ellos sólo fueron aves de rapiña. Pero sería oportuno poner el foco en el verdadero perro rabioso: los jueces que ante evidencias obvias eligieron no comprometerse ni enemistarse con el gobierno de turno.
Mientras ellos sigan “administrando” la justicia, no habrá acabado la rabia.
Guillermo Muttoni